EL POLICÍA  Y  SUS DERECHOS  LABORALES

GILBERTO BRUZUAL BÁEZ*

       Cuando el ciudadano común escucha la palabra policía, inmediatamente la relaciona con la persona que vela por el orden en la comunidad. Sin embargo, el término policía tiene múltiples acepciones; reglamentación de la limitación de la libertad individual; actividad de mantenimiento del orden público que ejercen los órganos públicos a nivel nacional, estadal o municipal. Otros consideran la policía como un servicio público. También la palabra puede estar referida al cuerpo armado, uniformado o no, que tiene por finalidad la prevención, mantenimiento y restitución del orden público o la represión de los hechos punibles; y en este sentido hablamos de policía administrativa general y de policía judicial. El término policía deriva de la palabra griega politeía como organización política del Estado; del latín politía; y las normas tienen su fuente en la palabra griega polis, concepto de la ciudad- estado que existió en la Grecia antigua y que en sentido amplio significa la ciudad organizada, el orden en ella para una buena convivencia. En este artículo trataremos en especial y en una forma general los derechos laborales del policía como persona natural que presta sus servicios a la comunidad, pero bajo la subordinación de los estados o de los municipios; venezolanos, padres de familias que cumplen con una noble y sacrificada misión. El policía estadal o municipal es un trabajador que pertenece a un cuerpo armado de naturaleza civil, aunque tienen un régimen disciplinario y condiciones laborales especiales por la misma finalidad de la institución: mantener el orden público, garantizar la paz ciudadana , la salubridad y la moral pública. La Ley del Trabajo de 1936 excluyó a los policías de su campo de aplicación, cuando en el artículo 6 prevé que no estarían sometidos a las disposiciones de esa ley y de su reglamentación los miembros de los cuerpos armados ni los funcionarios o empleados públicos. La redacción parecía indicar que los policías o demás miembros de organismos no eran funcionarios públicos, conceptualización errada, por cuanto los policías si son funcionarios públicos, sólo que no se rigen por la legislación laboral como estatuto principal.

       En el anteproyecto presentado al Congreso de la República por el Dr. Rafael Caldera en 1985 se contemplaba en un artículo (sin numeración) lo siguiente: “No estarán comprendidos en las disposiciones de esta Ley los miembros de cuerpos armados. Se entenderá por cuerpos armados, las organizaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales, las instituciones policiales y demás entidades vinculadas a la defensa y seguridad de la Nación.

       Cuando en 1989 la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto (artículo 7) se le dio esta redacción:

       “No estarán comprendidos en las disposiciones de esta Ley los miembros de los cuerpos armados; pero las autoridades respectivas, dentro de sus atribuciones legales, establecerán, por vía reglamentaria, los beneficios mínimos de que deberá gozar el personal civil que allí presta sus servicios a cambio de su labor, los cuales, en cuanto sea posible, serán similares de los demás trabajadores regidos por esta Ley en cuanto sea compatible con la índole de us funciones. Se entenderán por cuerpos armados, las organizaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales, las instituciones policiales y demás entidades vinculadas a la defensa y seguridad de la Nación”.

       Observen que la disposición señalaba que esos beneficios mínimos se establecerían “en cuanto sea posible”. La disposición final, actualmente vigente, es diferente. Como corredactor que fuimos de esa Ley, intervinimos en la redacción aprobada, el cual le da un sentido diferente, en protección de los derechos laborales del policía y demás miembros de los cuerpos armados. Eliminamos la expresión “ en cuanto sea posible” y quedó pautado simplemente que esos beneficios que gozarán los miembros de los cuerpos armados no “serán inferiores a los de los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto sea compatible con la índole de sus labores”.

       Es diferente el régimen disciplinario del policía, que se le aplica su ley o reglamento especial, por su disciplina (mal llamada) para-militar en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, es importante resaltar que el funcionario policial-como el militar- tiene derecho al debido proceso, tanto judicial como administrativo. Para que un policía sea sancionado administrativamente por sus superiores, tiene que hacerse de conformidad con las disposiciones legales. Un policía para ser sancionado en forma escrita o destituido tiene que dársele garantía al debido proceso; notificarle los cargos; derecho a la defensa;  a promover pruebas; presunción de inocencia, etc; y  finalmente, toda sanción tiene recurso administrativo y jurisdiccional. La sociedad debe abogar por un buen sistema de seguridad social y planes de vivienda, para los guardianes de la ciudad.

      La nueva  Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Nº 37.482 del 11 de julio de 2002) no excluyó de su aplicación a los funcionarios policiales, por lo tanto, también tienen derecho a una bonificación de fin de año, equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral y una bonificación mínima anual de cuarenta días de sueldo, además de otros beneficios socio-económicos reconocidos en esa Ley.

                                                                      *Profesor universitario.

Corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo.

Micro Prensa Laboral

EMPACADORES DE SUPERMERCADOS SON

 TRABAJADORES REGIDOS POR LA LOT 

Gilberto Bruzual Báez*

Esos trabajadores tienen derecho a su salario

 mínimo, ,prestaciones sociales, vacaciones,

 utilidades etc. y a la seguridad social.

       Afirman los patronos dueños de supermercados que las personas, generalmente adolescentes, que prestan sus servicios empacando y llevando hasta los vehículos los artículos y alimentos que adquieren los compradores de esos negocios, no son trabajadores de ellos, son laborantes no dependientes, que trabajan en nombre propio y por su cuenta. Prácticamente los equiparan a los profesionales liberales o a los comerciantes independientes. Eso no es así. Por ley, doctrina y jurisprudencia venezolana son trabajadores sometidos a la legislación laboral. El artículo 1º  de la Ley Orgánica del Trabajo señala: “ Esta Ley regirá las situaciones y relaciones derivadas del Trabajo como hecho social”, aunque aceptamos que casi todas las disposiciones de ese instrumento legal van dirigidos al trabajo dependiente o subordinado. El artículo 65 ejusdem, establece la presunción (relativa) de la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe, exceptuándose aquellos casos en los cuales por razones de orden técnico o de interés social se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos a los de la relación laboral.

       En el proceso laboral el trabajador demandante requiere probar únicamente la prestación de servicio, no así la dependencia,  la ajenidad (prestación de servicio por cuenta ajena) y la  apropiación por el patrono de los frutos o réditos derivados de ese trabajo. De conformidad con el citado artículo, una vez probada la existencia de la prestación de servicio surge esa presunción, la cual admite prueba en contrario del patrono demandado, quien deberá probar durante el debate que la relación no es laboral, sino por ejemplo, civil o mercantil. En el comentado caso de los jóvenes empacadores de los supermercados (y negocios similares), casi nunca hay contratos de trabajo, pero no importa, basta la prestación de servicio en forma dependiente y por cuenta ajena para que la legislación laboral los proteja. Estos trabajadores  (dependientes) reciben órdenes e instrucciones de las cajeras y de los supervisores; cumplen un horario de trabajo que generalmente excede de la jornada de trabajo (si son menores de 18 años, un máximo de seis (6) horas), son sancionados con suspensión o destitución del trabajo cuando faltan, llegan tarde o incumplen las órdenes. Alegan los patronos que no son trabajadores porque no reciben un salario de la empresa, sino una propina del cliente; que no son trabajadores porque no están afiliados al Seguro Social. Esos trabajadores aunque no tengan contratos de trabajo (verbal o escrito), prestan un servicio subordinado, existe una relación laboral protegida por el Derecho del Trabajo; teniendo todos su derechos como recibir su salario mínimo, además de las propinas que les proporcionan los compradores; horas extras, bono nocturno, recargo legal del salario si trabajan en días feriados, descanso semanal, vacaciones, bono vacacional, utilidades etc. y  deben estar protegidos por el sistema de Seguridad Social. 

                                                                                                             *Profesor universitario                             

              Corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo.