2, MARCO JURÍDICO  DE LA EDUCACIÓN

      Prueba de lo argumentado, de la importancia  que  siguen teniendo los objetivos y los contenidos en la  educación por competencias, que  no pueden desaparecer de los programas y planificaciones (  y  eso nos los da primero la lógica)  es el Decreto Nº 313 (G.O. Nº 36.787 -reforma-  del 16 de noviembre de 19999) del Ejecutivo Nacional que contiene el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación ( art.7) que aunque no está dirigido a la educación universitaria, nos orienta sobre la importancia y necesidad de los objetivos  y contenidos en esos instrumentos didácticos.

Artículo 7. En los planes y programas de estudio se especificarán las competencias, bloques de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, objetivos, actividades, conocimientos, destrezas, valores y actitudes esenciales que deberán alcanzar los educandos en cada área, asignatura o similar del plan de estudio para los distintos grados, etapas y niveles de aprendizaje en los planteles de los medios urbano, rural y de las regiones fronterizas y zonas indígenas (n.n.).

      Constitucionalmente la educación, y no escapa de ella la denominada por competencias, tiene  su basamento jurídico en  su preámbulo, en el artículo 3 que declara que la educación y el trabajo son procesos fundamentales para alcanzar  ciertos valores, tales como el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio de la democracia, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz  y la promoción y bienestar del pueblo. Las disposiciones 102 y 103  la consagran como derecho humano y  el derecho  que tiene  la persona a una educación integral de calidad permanente. La Ley de Universidades (artículos 1,4  83 y otros)  contempla una serie de principios rectores de la educación superior.